Cap. VI Ciudad de México, 1988

Digna vino al Distrito Federal buscando un respiro tras el áspero inicio de su carrera en Xalapa, que le dejaba algo muy en claro: dedicarse a la defensa de los derechos humanos requería, en palabras suyas, “un apoyo institucional”.

Victor Brenes la conoció al poco de llegar:

-Yo trabajaba en... el Corporativo de Estudios y Asesorías Jurídicas. Nos dedicábamos a lo que nosotros llamábamos casos perdidos. Veíamos muchos trámites inquilinarios, sobre todo...

“A Digna, si no mal recuerdo, nos la presentó Jesús Maldonado, un jesuita que fue el que luego fundó el Centro Miguel Agustín Pro... Se incorpora con nosotros en el despacho...

“Entonces usaba hasta minifalda, que fue algo que los demás no conocieron después. Era una abogada joven, entusiasta. Era verdaderamente una abogada. Muchas veces dicen que los abogados son como monstruos, y así era más o menos, cuando de hacer su trabajo se trataba.

“Teníamos una muy buena relación. El ambiente de trabajo del despacho era muy bueno y Digna entro muy bien al equipo... Se dedicó a ver problemas de damnificados del terremoto del 85.”

-¿Cómo fue que decidió hacerse monja? 

-Entre la gente con la que trabajábamos –responde el mismo Brenes-, el contacto con religiosos y religiosas era muy común... Si tú te vas a las colonias populares de la ciudad de México, la mayoría de la gente que estaba organizada en la lucha por la vivienda, estaba organizada a través de sus parroquias.... Yo digo que cuando un religioso o una religiosa se te acerca y te empiezan a decir: No, qué padre trabajas, te vamos a invitar a la reunión del sábado, hay que cuidarse, y Digna no se cuidó –dice un poco en son de broma.   

“A final de cuentas ella fue entrando a una dinámica en que la vida religiosa le empezó a ser atractiva. Pero no es un momento de: Pum, quiero ser monja. Fue un proceso.

“Teníamos trabajo como abogados cotidianamente, entre semana. Pero con las gentes, con las organizaciones, con los grupos solicitantes de vivienda, las reuniones eran sábados y domingos. Y ahí el contacto con los grupos religiosos era mucho mayor. Y sí, había muchos amigos que eran o curas o monjas.

“Yo creo que ahí es donde Digna empieza a pensar en este proceso de hacerse religiosa... que no se oponía al ser abogada.”

Un artículo de Blanche Petrich se acercó a estos años:

"Cuando Digna Ochoa empezó a trabajar en el Pro como voluntaria en los talleres de asesoría legal, en 1990, el centro era aún ´muy tierno´ y la abogada, a los 27 años, ´era todavía muy niña de provincia. Y novicia, además´.

“Así la recuerda el jesuita Jesús Maldonado, El Chuche, primer director de la organización, que con el tiempo se convirtió en su cura confesor, además de compañero de trabajo.

''Al principio el énfasis era la capacitación de los movimientos populares en los aspectos legales. Lo nuestro eran los talleres de defensa jurídica en derechos humanos. Digna y yo los impartíamos en Asamblea de Barrios, en el Ajusco. Cuando el Pro se dio a conocer y los movimientos nos empezaron a contactar de todo el país, a Digna le asignamos esa tarea, atender esos contactos.

''Se me reveló como una mujer muy cristiana, con un concepto de Jesús al estilo de la Teología de la Liberación, una idea de un Jesús muy histórico, que trabajaba en su pueblo. Luego me comentó que quería ingresar a una orden. Yo no influí en ella, si acaso la ayudé a discernir, a distinguir sus motivaciones profundas.”

Fue un año después de su llegada a la ciudad, que la joven tuvo su primer contacto con la congregación en la que resolvería tomar sus votos: la del Verbo Encarnado, de la orden de los dominicos, que vive de los salarios de las religiosas y que “desde su fundación constituyó una novedad” (ENTREVISTA CONCHA)..

-Pienso que Digna se ajustaba al perfil de las hermanas–dice el padre dominico Miguel Concha-, aunque yo la conocí cuando formaba ya parte de la congregación, a partir del 93.... He sabido que su director espiritual, el padre Jesús Maldonado, del Centro Pro, cuando le planteó integrarse a la comunidad y ella decidió a las del Verbo Encarnado. Yo imagino que considero que era lo que más se avocaba- por su vocación profesional.

-Fue en 1989 cuando la conocí por primera vez -dice la hermana Brigitte, superiora de una de las dos congregaciones que había en el Distrito Federal. -Venía a vernos y estaba como cualquier muchacha de su tiempo, que se pintaba, que usaba zapatos con tacones... Me preguntaba cómo bajaba la calle, que era un sendero con piedras y no era muy cómodo....

“Digna buscaba responder a una llamada interior y correspondiendo también a toda su formación anterior... Entra en contacto con nosotras por el párroco donde está implantada otra comunidad. Ella supongo había hablado de su inquietud religiosa a este padre. Este padre nos las mandó...

“Nuestro apostolado se traduce en dar lo que sabemos y podemos, insertadas en el mundo laboral, sea como obrera, empleada, profesionista... Y tenemos en la cogregación una orientación social. Las primeras hermanas estaban casi todas como trabajadoras sociales, y cuando vino Digna como abogada, pues nos parecía maravilloso poner en práctica los derechos humanos...

“Entró en 90 en un aspirantado, después pasó al postulantado en 91, y entró en el noviciado el 15 de agosto de 91. Tuvo dos años de noviciado. Durante el noviciado pedimos en general que no haya trabajo profesional, para dedicarse más al estudio de formación religiosa y de vivir en común... Después tomó sus votos el 25 de julio de 93.”

Digna en escena

De acuerdo a su propio testimonio, Digna era consciente del partido que podía sacar del juego de contrarios que hacía su apariencia y su comportamiento:

“Normalmente vestía de una manera que mis amigos llamaban mongil. Estaba bien. La gente no se ponía en guardia frente a mí. Daba una cierta imagen frágil, pero entonces podía ser más eficiente.”

Y presumía el episodio que a su parecer era el más logrado en ese sentido.

“Una vez había un hombre que había estado desaparecido por veinte días. Sabíamos que estaba en el hospital militar y metimos una petición de habeas corpus, para su presentación. Pero las autoridades simplemente negaron tenerlo bajo custodia. Una noche nos avisaron que había sido internado en un determinado hospital. Fuimos al día siguiente. Nos negaron el acceso. Pasé toda la mañana estudiando el movimientos del hospital y viendo cómo podía entrar.”

Aprovechó un cambio de guardia y se acercó al cuarto. El doctor y la enfermera le prohibieron el paso, pero ella los distrajo un momento con sus suaves maneras, y en un descuido abrió la puerta e irrumpió en el cuarto, que estaba custodiado dentro por agentes de la policía judicial federal. Les dijo que debían salir de allí de inmediato, porque era la abogada personal del paciente y debía hablar con él.

“No supieron cómo reaccionar, así que se fueron”, y eso le dio a ella el par de minutos a solas suficiente para romper el aislamiento del hombre e informarle que su familia estaba bien y que iban a sacarlo de allí.

En el último periodo de la investigación tras la muerte de la abogada, la Historia personal sobre su vida que la PGJ realizará para sostener la versión del suicidio, con el apoyo del testimonio del padre Edgar Cortez negará que semejante anécdota ocurriera fuera de la cabeza de Digna. ¿Sí? ¿No contaba ella para entonces con suficientes medallas que presumir? 

El Charco, Guerrero, 1998

Hemos escuchado a Carlos Montemayor decir que la muerte de Digna podía estar relacionada con varios hilos sensibles tocados por ella en estado de Guerrero. Uno de ellos atravesaría los sucesos de El Charco.

El Charco es un caserío disperso entre cerros, a 35 kilómetros de la cabecera municipal, Ayutla de los Libres, en los linderos de la Baja Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

Sus habitantes apenas rebasan el número de 300, en su absoluta mayoría son de origen mixteco, y a pesar de que los alrededores son ricos en recursos naturales, ellos forman parte de los pobres entre los pobres de este empobrecido estado.

Allí, el sábado 7 de junio de ese 1998, a un mes de la represión a los campesinos ecologistas en otro costado de Guerrero, el recién nacido Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), excisión o extensión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), llamó a campesinos y campesinas de la región a reunirse en el edificio de la escuela, la Catirino Maldona Pérez.

Al parecer la reunión tocó problemas generales de los pueblos y permitió explicar los objetivos del grupo armado. Al ponerse el sol, los asistentes que vivían en el pueblo se retiraron a sus casas, y los 38 hombres, mujeres y menores de edad que venían de otras comunidades quedaron a dormir en la escuela, incluidos los miembros del ERPI.

A lo largo de la noche, las comunidades cercanas vieron o escucharon el paso de elementos y transportes del ejército. A las cuatro de la mañana la Catirino Maldonado, en lo alto de El Charco, estaba ya cercada por un Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, especializado en asalto aéreo, lucha antinarcóticos y contrainsurgencia, y por 28 batallones de infantería (un total cercano a mil efectivos), bajo la conducción de un general.

Los documentos que luego exhibirá la justicia militar, asegurarán que había vigías armados de la guerrilla. Pero tras los acontecimientos no se hallarán señales de resistencia de parte de parte de ésta, algunos de cuyos miembros parecían haber pasado al interior de la escuela.

La reproducción de los hechos realizada por organismos civiles, indicaría que el ejército abrió fuego casi inmeditamente después de las conminaciones a la rendición; que la mayoría de los sitiados no tenían armas de fuego y que sólo una pequeña porción de los 11 muertos se produjo en el interior de la Catirino Maldonado.

En cambio, la cancha de basquetbol, a la cual unas cuatro horas después salieron con las manos en alto cuantos quedaron en la escuela, tenía abundantes muestras de sangre, que confirmarían los testimonios de los sobrevivientes: fue allí donde los soldados se cebarían, dando un solo y certero disparo a cinco o seis hombres, mientras estaban hincados, según todo indicaba.

De acuerdo a la información periodística, a la matanza siguieron las detenciones, la tortura y la cárcel, también para cinco menores edad. Digna participó en su defensa, como miembro del Centro Pro.

Participó en la defensa y tal vez en algo más

¿Un proyecto de militarización?

En vida de Digna, para la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, para la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, para otras organizaciones, periodistas y estudiosos, el proyecto de militarizar el campo del sur-sureste de México, estaba más que bien documentado.

Gracias a una serie de reformas legislativas, afirmaban, el proyecto suponía una suerte de estado de guerra latente, con la presencia directa del ejército en la vida diaria de la sociedad, o a través de la acción de grupos paramilitares. De esa manera las garantías individuales se constreñían de hecho, y la violación a los derechos humanos se volvía una constante.

Conforme a la Asociación, la Comisión, etc., el levantamiento armado en Chiapas habría sido el detonante de un proceso que se preveía en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), conforme a las minutas de las reuniones paralelas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a la información que proporcionaba la investigadora Gloria Estévez.

De acuerdo a ésta, casi un año antes de la irrupción del movimiento zapatista, el coronel Stephen J. Wager, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra estadounidense, publicó el libro El ejército mexicano de cara al siglo XXI, en el que sostenía la inevitabilidad del desorden social, producto del propio TLC y de la reforma al ejido y a la propiedad comunal.

Para encararlo, decía, las fuerzas armadas de México debían transformarse en un aparato ágil, de reacción rápida, de gran movilidad.

Este tipo de informes eran manejados por las organizaciones con las cuales Digna estaba en contacto. Informes que abundaban en temas delicados y cuya conclusión coincidía con la de Roderic Al Camp, investigador y analista político, quien advertía la radical transformación por la cual estaba pasando la doctrina militar en nuestro país: las tareas de seguridad nacional debían concentrarse en combatir al enemigo interno.”

El Charco era un momento nodal, en la óptica de las organizaciones que seguían el proceso, como el caso más grave de discrecionalidad en el estado de Guerrero, en la presumible nueva etapa de las fuerzas armadas. Un momento que hacía transparente la intervención del ejército en la vida diaria de las comunidades.

En los pueblos, en los caminos, en las milpas, en los cerros y cañadas, se decía, el ejército hacía sentir una presencia que tenía deliberados efectos sobre la moral de la población, creando un clima de terror.

-Nosotros de hecho estamos desarrollando un programa de atención psicológica –dice Julio Mata-, intentando atender, con todas nuestras limitaciones, a la gente que ha sufrido tanto la tortura, como que es familiar de detenido-desaparecido, y gentes que nada más por el miedo de ver entrar a un camión del ejército les entra zozobra.

Maribel Gutiérrez Moreno, la periodista guerrerense que luego aportará datos para tratar de esclarecer la muerte de Digna, en ese momento hacía una lista de las aprensiones ilegales, cateos e incursiones que se prodigaron desde 1994, como parte de las numerosísimas acciones “de lucha social” desencadenadas en el país: 40 mil para 1998, conforme a información confidencial de la revista Proceso.

Poco antes de los acontecimientos en El Charco, contaba la periodista, indígenas mixtecos habían denunciado que en camino de Tlapa a sus comunidades, en el municipio de Metlatónoc, un retén militar abrió fuego sobre ellos, sin previo aviso, resultando muerto Eloy Ramón Ortiz.

Y continuaba: en la noche del 20 de abril del 99, dos mujeres indígenas de San Miguel Tejalpa se preocupaban porque, tras 12 horas de haberse marchado, el cuñado de una y el nieto de otra, de 13 años de edad, no regresaban de recoger mazorcas. Se dirigieron a la parcela, descubrieron un charco de sangre y la proximidad de los soldados, así que echaron a correr. Fueron alcanzadas y violadas.

Al día siguiente en un punto más al sur, siempre de acuerdo a la información de Maribel Gutiérrez, un campesino murió por las balas de los militares mientras cuidaba su ganado, “porque portaba una escopeta”.

-En puro Atoyac –habla de nuevo Julio Mata- hay 400 desaparecidos, y en el estado de Guerrero son más de 600... O sea, la mitad de los del país, porque a nivel nacional nosotros manejamos un número de alrededor de 1,200 casos.

La cifra se arrastraba, según Mata, desde los años 1960, pero no se detenía con el fin de los movimientos guerrilleros de los 1970, y continuaba en vida de Digna, como al parecer probaba el caso de Gilberto Romero, el campesino cuya desaparición precipitó los acontecimientos de Aguas Blancas.

¿A esta sistematización de materiales informativos es a la que se refería, al menos parcialmente, Carlos Montemayor, cuando lo escuchamos decir que Digna reunía información que “quizás le hubieran permitido unir un rompecabezas en el que podían haber combinado varios sectores de estas cúpulas (de poder), que nos hubieran dado un rostro inesperado de lo que es el conflicto en Guerrero”?

¿Es esta documentación, también, la que mencionaban el propio Mata y Abel Barrera, al asegurar que la abogada, como integrante del Pro, estaba involucrada con otras organizaciones en una investigación que quizá fue la que la condujo a la muerte?

"La actuación del Ejército en Guerrero: patrón sistemático de violaciones a derechos humanos", el Pro toma como casos tipo, la masacre de 11 campesinos desarmados en la comunidad de El Charco, en Ayutla de los Libres, ocurrida 7 de junio de 1998, y la persecución, detención y tortura, de militares contra Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, el 2 de mayo de 1999.

-¿En Guerrero hay aparatos capaces de preparar un crimen tan sofisticado como el que parece haberse cometido con Digna Ochoa? –preguntó un reportero a Mata.

La respuesta fue que sí, y la ilustraba con los elementos que presuntamente se ponen en operación para desaparecer a una persona:

-Se necesita una infraestructura muy amplia. Se necesita primeramente el poder tener los horarios de esta gente que van a secuestrar. Necesitan hacer un seguimiento durante días, a veces semanas, a veces años.

“Como ocurre claramente con el caso de Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido en septiembre del 96, en el cual la familia ubica que los están persiguiendo vehículos...

“Entonces hay un seguimiento constante, para ubicar su rutina. Y escoger el momento adecuado en el cual no van a poder hacer escándalo. Tienen que tener cárceles clandestinas...

“Tienen normalmente, esto lo digo por todos los testimonios que hemos recibido, gente vigilándolos día y noche. Tienen médicos que los pueden estar sosteniendo en la tortura, para que no se mueran, para que no se les pase la mano, durante muchísimo tiempo.

“Los que han podido salir nos han hecho narraciones también de la infinidad de torturas... Incluso en algunos casos les han estado pasando videos de lo que está pasando en esos momentos en su casa.”

La investigación

Conforme el tiempo transcurría, la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) mostraba cada vez mayores vicios. Vicios que abogados, periodistas y organizaciones no gubernamentales evidenciaban como graves.

Muchos de ellos nacieron la misma noche de la muerte de Digna, y el nuevo encargado de la averiguación previa, Renato Sales, sin duda los pasaba por alto, considerando que no hacía referencia a ellos y que no había documento alguno en el cual se mostrara el propósito de corregirlos.

El informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), de 2004, sistematizará la relación de estos vicios. Uno de los primeros era que “en el dictamen de muerte violenta disparado por arma de fuego... no se menciona si se indagó con las personas que ingresaron al lugar de los hechos, si éstos realizaron alguna maniobra con el cadáver o con algún objeto, o si simplemente caminaron por el lugar...

“Lo anterior es importante porque en este caso permite tener más elementos para confirmar o descartar las diferentes hipótesis que se pudieran plantear; por ejemplo, en el caso de las pisadas.”

El informe señalará problemas también en “la descripción del lugar de los hechos y la falta de armonización con las fotografías, plano u otras gráficas”. Problemas, decimos, porque, en términos de la CDHDF, “la descripción escrita si no es complementada con fotografías, esquemas, planos o croquis que ilustren lo que se describe por escrito, puede dar lugar a imprecisiones y malas interpretaciones”.

El grado de confusión en el levantamiento de datos, quedaría patentizado en las asombrosas contradicciones sobre las heridas del cadáver, que se observaban entre tres diligencias realizadas la primera noche: el dictamen hecho a las 20 horas, el acta médica que se levantó tres horas después y el protocolo de necropsia de las 2:30 horas del día siguiente.

De esa manera, “la que al parecer es una esquimosis en párpado superior derecho” se registró en el dictamen y en el acta médica, pero no en la necropsia. Algo similar sucedía con la herida de bala en el muslo, que el dictamen y el acta  precisaban era de “bordes invertidos”, sin que la necropsia hiciera referencia a ello.

Sobre esta misma lesión, su tamaño simplemente no concordaba en ninguno de los tres informes. En el primero era de “3 por 1.6 centímetros”, en el segundo se transformaba de manera radical, para tener “de 2 por 2.5 centímetros”, y en el tercero no era ni una ni otra, sino una herida de “3 por 1 centímetros”.

No había acuerdo a la vez, en su ubicación anatómica. En el dictamen se afirmaba que estaba “en tercio medio externo”; en el análisis médico quedaba localizada a lo vago en el “tercio medio”, y en la necropsia, que debía ser el examen más detallado, ni siquiera se mencionaba.

Todavía sobre la ubicación de esta herida, la distancia respecto a “la línea media” del muslo, en el primer registro resultaba de “2.5 centímetros”, en el segundo, de nada menos que el doble, “5 centímetros”, y en el tercero se usaba una referencia distinta: “a 6 centímetros ´por dentro´ de la línea”.

La observaciones de la Comisión se extenderán en términos parecidos a lo largo de XXX cuartillas.

Mientras tanto, entre algunos de quienes se interesaban en el caso no dejaba de debatirse el tema de la posición del cadáver al ser encontrado. Gerardo González, el primero en verlo, y el Dr. De León, quien llegó casi de inmediato, mantenían su testimonio original: lo que vieron no correspondía a la fotografía difundida por la agencia oficial de noticias, Notimex, semejante a la que obraba en el expediente.

Y respecto a éstas se sostenían las reflexiones y dudas de Guiseppe Amaro, el psiquiatra nacido en Argentina, que estaba familiarizado con los códigos de la muerte de los grupos paramilitares.

Por un lado, la colocación del cuerpo de Digna remitía a las ejecuciones de carácter ejemplar. Por otro, no era probable que de forma natural un cadáver mantuviera una posición tan firme, de manera que no debía descartarse la posibilidad de que hubiera sido manipulado una vez que adquirió cierto rigor mortis.

¿Y la incomprensible fotografía publicada por el diario Crónica, en la cual no se encontraba ya el cuerpo pero sí una silueta trazada en el piso, en una posición totalmente distinta?  ¿Y la de Reforma, que mostraba no al cadáver sino a una mancha obscura que la simulaba?

-A mi llama mucho la atención que en los medios han salido distintas posiciones en que se encontró el cadáver –decía del Dr. De León. -Llama la atención que la Procuraduría del DF no las haya desmentido.

No, Lic. Bernardo Batiz no las desmentía, quizá porque le bastaba explicar que era antigua la práctica de que los periodistas se pusieran de acuerdo con los agentes para obtener material gráfico. Para el Dr. De León lo que de ese modo se convalidaba era algo de la mayor trascendencia:

-Incluso nos hemos acercado al Procurador para decirle que en lo que se publica... se está acomodando el cuerpo para dar cabida a una hipótesis.

¿Permitir versiones informativas confusas y acomodar el cadáver para dar paso a una hipótesis que liberaba de responsabilidad a cualquier posible asesino y que cerraba la puerta a investigaciones políticamente incómodas?

“Más que subprocurador, poeta”

Con éste sugerente título, en mayo de 2004 el suplemento cultural del diario El Universal, de la ciudad de México, publicará una entrevista con Renato Sales.

Como encargado de la averiguación a partir de diciembre de 2001, el hombre no podía ser ajeno a la multitud de fallas e irregularidades encontradas por el consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión de Derechos Humanos del DF.

En junio de 2002, sin renunciar al cargo de subprocurador , tuvo además que desvincularse del caso, tras conductas calificadas de escandalosas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Pero al cabo de dos años el Lic. Sales parecía tranquilo con su conciencia y daba la entrevista a Myriam Moscona, en el suplemento de El Universal.

He aquí los fragmentos que nos interesan, transcritos respetando el texto original, en el cual R es el subprocurador y M la entrevistadora:

“R. Este trabajo tiene que ver con una estructura narrativa, con un lenguaje. Encontrar a un prófugo, o el elemento que falta en una cadena de acontecimientos, es también un trabajo de imaginación. Lo que se llama, por ejemplo, prueba circunstancial es, en otro lenguaje, imaginación narrativa.

“M. ¿Eres lector de novela negra?

“P. ¡Desde luego!”

Después se hablaba un poco de Sherlock Holmes y Chesterton, y otro poco de poesía, y al fin se llegaba al siguiente diálogo.

“M. ¿Y entre tus colegas tienes con quien hablar de literatura?

“R. Muy poco. Pero sí hay con quién. Nuestro procurador, el maestro Bernardo Bátiz, es un gran lector, por ejemplo. Antes aun de que me llamara para este cargo me platicó un caso muy enredado en el que fulano espiaba a Zutano y éste a Perengano. Yo dije como para mí mismo: ´Este caso se parece a El hombre que fue jueves´. Y él inmediatamente reaccionó y nos quedamos hablando largo rato de esa emoción compartida que se llama Chesterton. Tal vez por eso me contrató (risas).

“M. Tienes un escrito bastante curioso, que se llama Reflexiones sobre un rompecabezas y que hace alusión a la última pieza que a veces falta para completar la investigación.

“R. Sí, porque ocurre que muchos datos te son revelados y otros no los conocerás nunca, al menos no con la llamada prueba dura, la prueba directa. Eso te obliga a inferir y esa puede ser la pieza fundamental para completar el rompecabezas. Eso lo escribí para defenderme de un caso especialmente difícil.

“M. ¿Cuál?

“R. Me prometí no volver a hablar de eso y no lo voy a hacer.

“M. ¿No es el caso de Digna Ochoa?”

Esta vez la respuesta fue el silencio, sin embargo la pista indicaba estar tan a la mano que la entrevistadora la siguió a través de una pregunta en sentido paralelo:

“M. ¿Cuál ha sido tu peor dolor de cabeza en este cargo?

“R. Ese del que no quiero hablar.”

Jugando sucio

Hasta antes de que Sales quedara como responsable de la investigación del caso Digna Ochoa, se habían establecido varias líneas: la que conducía a la Sierra de Petatlán, la que señalaban seis años continuos de amenazas y secuestros, y el entorno personal. En todas ellas se presumía el asesinato.

Tres meses después los errores señalados por diversos actores no se habían subsanado, pero las organizaciones de derechos humanos y la prensa comprometida indicaban estar dispuestas a confiar en las autoridades judiciales del DF y ser pacientes con ellas. Daban así por descontado que se tomarían en cuenta las observaciones de la Comisión Interamericana (CIDH).

El 12 de marzo algo extraño empezó a suceder. Medios de comunicación publicaron informes filtrados por la PGJDF. El problema se había denunciado ya en la primera etapa de las averiguaciones, y ahora reorientaba la averiguación hacia una tesis distinta  la del suicidio.

Ello indicaba un giro de posibles grandes consecuencias, porque parecía repetir el procedimiento empleado muchas veces antes, a fin de echar tierra sobre casos particularmente delicados para uno u otro espacio de poder.

Por un lado se iniciaba el obligado desprestigio de la víctima, que había sido determinante en el proceso de desgastar la memoria pública y convalidar conclusiones absurdas en muertes como la del magistrado Polo Uscanga.

De ese modo en los días a continuación de las filtraciones, varios columnistas se regodearon con la nueva hipótesis: “comenzaron a elucubrar sobre posibles causas que pudieron haber orillado a Digna a quitarse la vida” y “fueron más allá para intentar manchar su vida privada y el trabajo mismo que realizó” (LA JORNADA).

Por otro lado, se hacían perdedizas las líneas de investigación originales, lo que llevaba a un diario a preguntarse: “¿a quién estarán beneficiando?”

A pesar de ello, el Pro y la familia de Digna, como coadyuvantes, y los defensores de derechos humanos como sector, mantuvieron la calma, y todavía mes y medio más tarde, el 28 de abril, el Centro, al presentar una serie de recomendaciones, daba su aval a Sales.

El subprocurador no correspondía en absoluto a este acto de fe en su favor. Apenas unos días más tarde se entrevistaba con organizaciones no gubernamentales de México, Estados Unidos e Inglaterra.

 -Tuvimos una reunión de dos horas y media con Renato Sales –dijo a los medios Bárbara Zamora- y él pasó la gran mayoría del tiempo intentando convencernos, pero con pasión, de que el asesinato de Digna Ochoa era suicidio.

“Nosotros vemos dos problemas: que él es investigador, no juez, porque su trabajo no es convencer a las delegaciones internacionales. Y otro: que no se está investigando en serio las otras líneas y hay una falta de ética.”

Tom Hansen, de la México Solidarity Network, que agrupa a 90 ONG de diversos países, declaraba también: es una “maniobra muy sucia”.

La indignación era más que justificada, en la medida en que “más que subprocurador, poeta”, Sales no sustentaba la idea del suicidio con pruebas, y en que desestimaba por completo las bien argumentadas recomendaciones que acababa de hacerle el Pro:

¨   Sobre la hipótesis relacionada con el último viaje realizado a Guerrero, recomienda profundizar la investigación apoyándose en el Centro Pro en aquello que pueda facilitar el acceso a la región y adoptar las medidas que puedan garantizar la mejor posibilidad para realizar las diligencias que se requieran practicar.

¨   Continuar en la identificación de los miembros de la patrulla militar que estuvo en la zona durante la visita de Digna.

¨   El estudio de las acciones y diligencias que llevó a cabo Digna Ochoa respecto del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, realizando las diligencias que permitan establecer en forma precisa y contundente la pertinencia de esta línea de investigación...

¨   Establecer si Digna Ochoa actuó en los demás casos que conoció cuando fue integrante del Centro Pro y los demás que tuvo bajo su responsabilidad, estableciendo cuál fue su incidencia en ellos.

¨   Contrainterrogar en forma precisa a determinados testigos que podrían aportar mayores elementos respecto de las diferentes hipótesis planteadas...

¨   Conocer los archivos sobre fichas curriculares o de inteligencia que permitan explicar si hubo relación con las anteriores amenazas en contra de Digna Ochoa o los demás miembros del Centro Pro con ocasión de sus actividades profesionales y con el hecho central investigado.

A la vez el Pro establecía condiciones para acptar el resultado de las pesquizas:

“a) Que esté basado en la existencia de pruebas sólidas y contundentes; b) Que la prueba técnica sea verificada por expertos independientes, y c) Que la conclusión sea explicable dentro del contexto en el cual sucedieron los hechos, con un largo antecedente de amenazas nunca esclarecidas...”

Lo que estaba en juego no era sólo el caso de Digna: al advertir de hecho el abandono de las otras líneas, la PGJDF mandaba un mensaje de impunidad a los probables ejecutores y al conjunto de quienes hostigaban a los defensores de derechos humanos.

“Sentando jurisprudencia” sobre el suicidio

“Fantasmas asesinos”, tituló una periodista su artículo sobre la conclusión que dio la PGJ del DF al caso de Abraham Polo Uscanga, en 1996.

Polo Uscanga, un hombre vinculado por 30 años a la propia Procuraduría de la ciudad y durante los últimos seis años magistrado local, era reconocido como un curioso ejemplo de honestidad en el sistema judicial.

Poco antes de su muerte en 1995, había tenido que dictaminar sobre un problema derivado de la accidentada liquidación de Ruta 100, la empresa descentralizada cuyos turbios manejos financieros y políticos eran un secreto a voces.

El magistrado se había negado a expedir la orden de aprensión que le solicitaban contra ex dirigentes del sindicato, interrumpiendo el proceso de ocultamiento de un cenagal en el cual estaban involucrados funcionarios públicos de alto nivel.

Así se vio confrontado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y al fin se atrevió a una inusitada denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del DF, sobre las irregularidades que trató de obligársele a cometer.

Sin más salida, pidió su licencia y se explicó a través de los medios: “Mi único objeto al denunciar tales hechos, lo fue y lo es ahora, defender la posición de los integrantes del Poder Judicial, en tanto que Poder independiente”.

Entonces “empezó a recibir llamadas anónimas diciéndole que se callara”, escribió una periodista que había hecho suyo el caso, y luego sufrió, “entre otros hostigamientos, un secuestro, torturas brutales y un interrogatorio policiaco”.

En la mañana del 20 de junio siguiente, el cadáver del Polo Uscanga fue encontrado en su despacho. Las circunstancias eran extrañas, y en esto y aquello se asemejarían a las del fallecimiento de Digna, seis años más tarde.

El cuerpo estaba en el piso “con las piernas extendidas y de espaldas al sillón”, “no vestía saco ni zapatos” y tenía un impacto mortal de bala “casi bajo la oreja” derecha.

En sus manos no se hallaban rastros de pólvora y en la izquierda sujetaba un inexplicable “pedazo de papel de baño blanco”. El revolver del cual salió el proyectil, cuyo numero de serie estaba borrado, yacía bajo los restos del magistrado, limpio de huellas dactilares. El lugar no registraba muestras de violencia.

Había “evidencias circunstanciales” sobre un probable suicidio, porque dos semanas antes el hombre había entregado a un amigo cartas dirigidas a sus cercanos, que “expresaban una gran soledad” y que podían parecer “algo así como un adiós”.

Sin embargo, una serie de elementos privilegiaron la idea del asesinato. Entre ellos, las propias advertencias de Polo Uscanga sobre las represalias a las que quedaba expuesto. Y el testimonio del velador del edificio, quien aseguraba haber visto entrar a la víctima con dos hombres, también esta vez de dudosa actitud, a los cuales, de acuerdo a la PGJ, había reconocido en fotografías que se le mostraron.

El punto donde quedaba el arma debía llamar asimismo la atención en el mismo sentido, pero ése y cualquier otro dato en relación al lugar de los hechos, sin excluir el cadáver, era mejor pasarlo por alto, por el terrible desaseo de los primeros momentos de la averiguación.

Hasta 50 personas se calculaba que fueron y vinieron por el despacho tras descubrirse el cuerpo, sin cuidado alguno. De forma que entre las tres tesis oficiales, una de ellas consideraba aun la posibilidad de que la posición de aquél al ocurrir la muerte, fuera distinta a la observada por el ministerio público:

El en ese momento titular de la Procuraduría, hacia las siguientes declaraciones, traducidas por un diario:

“A Abraham Polo Uscanga se le despojó de su saco y de sus zapatos. Fue obligado a sentarse en el piso o bien tomar la posición del ejecutado --de rodillas...  

“El asesino le disparo en la nuca, muy cerca de la raíz del cabello... Su cuerpo fue acomodado boca arriba, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo.”

Otros aspectos obscuros rodeaban el caso, como el sospechoso comportamiento, real o aducido por la autoridad, del chofer del magistrado, a quien al paso de tres meses balearían, sin llegar a matarlo.

Con todo, la tesis del suicidio se impondría. y como no podría sustentarse bien a bien, se recurriría a un manual del Federal Boreau of Investigations (FBI) de los Estados unidos, sobre Suicidios concertados. Es decir, suicidios que querían hacerse pasar por homicidios con la ayuda de alguien. La tesis nunca se demostraría con mediana certeza, pero como veremos, quedaba ahí para servir de recurso, o el menos, de amago, en el futuro.

Otras circunstancias harán a algunos evocar el fallecimiento de Polo, cuando se produzca el de Digna. Entre otros, que para que el dictamen final fuera asimilable por una opinión pública convencida de estar frente a un asesinato vinculado al poder, se requirió de una de las mejores armas de la impunidad: el tiempo.

Más de un año tomaría decirle a una opinión pública conmovida todavía por el “error de diciembre”, que olvidara cuanto había escuchado, porque el probo juez era en realidad un hombre poco íntegro que decidió quitarse la vida y quizá hasta desestabilizar el país, considerando que no se había suicidado como Dios manda, y había levantado así, tal vez con la complicidad de una segunda persona, la sospecha de un crimen.

La fiscalía especial encargada de dar el dictamen sería un elemento común más entre el caso de Polo Uscanga y el de Digna.