Cap. V 15 de noviembre, 2001

“Aclarar la muerte de Digna Ochoa, la mejor protección para defensores de derechos humanos: Zamora López  La ex asesora del Ejército Zapatista ha recibido vía telefónica mensajes amenazantes.”

“El efecto Digna llegó para quedarse. ¿Por cuánto tiempo? Atento a la guerra interna de su gabinete y a la suya propia contra los medios, el presidente Vicente Fox decidió dejar libres a los campesinos ecologistas de Guerrero. El marketing se impone a la justicia. Lamentablemente, tuvo que morir una defensora de los derechos humanos para que el jefe del Ejecutivo accediera a dar el paso que había ofrecido como candidato... mientras el coctel guerrerense sigue ahí: talamontes-narco-militares-guerrilla... uno de los grandes pendientes del gobierno "del cambio"

El “efecto Digna”

Por el realce y el sentido simbólico de la abogada, y por las circunstancias que rodeaban su muerte, ésta debía producir por sí misma el “efecto Digna” al que se refería un diario.

Sin embargo, durante cuatro días el presidente Fox se limitó a decir que se trataba de un caso que competía a la autoridad del DF, y desde luego no se había perdido el “virreinal” concierto de Elton John organizado por su señora esposa en el Castillo de Chapultepec. La Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General Justicia, por su parte, o no decían gran cosa o callaban.

Fue necesario que la sociedad, a través de la congregación de los defensores de derechos humanos y de los medios, hicieran suyo el caso y apelaran a los organismos internacionales, para que primero Washington y luego el gobierno federal mexicano reaccionaran.

“En la semana que siguió a la ejecución el Presidente condenó otras dos veces el atentado, y el jueves 25 se reunió con organizaciones no gubernamentales, entre ellas representantes del Centro Miguel Agustín Pro.

“De este encuentro surgió el compromiso de instalar una mesa de discusión sobre las condiciones y el futuro de los derechos humanos en México, en la que se abordarán, además del homicidio de Digna Ochoa, casos como el encarcelamiento del general Francisco Gallardo. (PROCESO).

En diciembre el general quedaba libre tras ocho años de prisión y recomendaciones de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También se liberaba a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a quienes a pesar de la prueba irrebatible del careo con los militares, apenas en el mes de julio anterior se les habían ratificado las sentencias a seis y diez años.

Sólo así, con el compromiso activo de un sector de la sociedad, podía conservarse el “efecto Digna”. Primero evitando que se diera carpetazo a la investigación sobre su muerte, y después diseccionando el proceso para mostrar las enormes deficiencias del sistema jurídico mexicano y promover reformas al único de los tres poderes del Estado que no había sido alcanzado por el empuje hacia la transición democrática.

Xalapa, Veracruz, 1987

La muerte prematura tiende a glorificar, y en una figura como la de Digna, a conferir un aire de santidad. Cuando escuchamos hablar de ella, por ejemplo, a Lamberto González o a Silvia Mariñelarenas, su afecto se vuelve devoción, y Digna un personaje legendario.

El martirologio toca todo con una luz literalmente sobrenatural. La defensora de derechos humanos dejaba así de pertenecer a la tierra de los vivos, de la más plena manera. Nada mundano, ninguna miseria humana, la alcanza, ni ahora ni a lo largo de su existencia.

Y así se producía una paradoja. Porque tal vez lo que más singularizaba a Digna, era su terrenalidad. ¿Qué más a ras de tierra que su infancia, tarea tras tarea, o su juventud, con magros recursos convirtiéndose en abogada; o su vida profesional, batallando con asesinos, torturadores, hombres que ejercían su poder con el abuso sexual; magistrados, peritos, médicos, policías, secretarias, corruptos; ella siempre con unos pocos pesos en la bolsa, por Metros, autos destartalados, camiones que debieron jubilarse hace mucho, caminos de terracería, pueblos sin luz ni agua, niños con hambre, hombres y mujeres que no podían aspirar sino a la mitad de los 70 ó 75 años a los cuales tenían derecho los demás mexicanos.

Todo indica que para Digna los años en Xalapa, a la que fue a hacer sus estudios de derecho, resultaron intensos y, a final de cuentas, determinantes. Sobre ellos en 2003 la fiscalía especial para investigar su muerte, echará un velo negro que los hará aparecer como la tortuosa muestra de una personalidad desquiciada.

Y lo hará realizando una investigación que a partes iguales será intrascendente y dolosa.

¿Qué es lo que la futura defensora de derechos humanos recordará de esta etapa? Que llegó a la ciudad con 18 años y mientras hacía la adusta vida del grueso de los estudiantes universitarios del lugar, se entregó a una gran pasión amorosa que había iniciado en Misantla.

Recordará que como muchas jóvenes mexicanas de todas las épocas, escogió al hombre que seguramente no podía cumplir sus expectativas, porque tenía esposa y una hija. Aunque éstas vivían en Michoacán y él, fiel a su vez a una tradición nacional, se prestó al romance.

Dos de los equipos de la Procuraduría General de Justicia del DF encargados del caso, primero filtrarán a los medios y luego exhibirán documentos que para apoyar su tesis sobre el suicidio, dejarán a la vista de todos fragmentos inconexos y a veces adulterados, de la intimidad de Digna: algunas cartas, partes de su diario personal, el testimonio orientado por la autoridad, de un amante despreciable.

Desde luego, la vida de la joven Ochoa en la capital de Veracruz no se redujo a un delirio de amor. En un resumen autobiográfico ella recordará dos momentos. Uno era el fin de su primer trabajo profesional, en la procuraduría del estado, como continuación de su servicio social:

“Mi jefe quería que fincara cargos en contra de una persona inocente, me negué y él mismo se encargo del caso. Me di cuenta que eso no era lo que yo quería y decidí renunciar.” Dos “estudios” de 2003, sin documentación que los avale, convertirá este hecho en despido, frustrante pérdida de la fuente laboral.

El segundo momento vendría al abrir una oficina con otros abogados. “El primer caso en el cual trabajamos –cuenta de nuevo ella por boca de xxxxx xxxxx- fue una denuncia contra oficiales de la policía judicial, que habían estado involucrados en la detención ilegal y la tortura de varios campesinos...

“Me moví para obtener evidencia substancial contra la policía, así que empezaron los acosos cada vez más fuertes en mi contra, hasta que fui detenida. Antes me enviaron mensajes telefónicos diciéndome que abandonara el caso. Entonces por carta me amenazaron de que si continuaba me matarían, o que algunos miembros de mi familia serían asesinados.”

A su decir, Digna tuvo entonces una respuesta que no era extraña, de acuerdo a a lo que Blanche Petrich y Victor Brenes apreciaron incluso en los peores momentos, cuando para enfrentar las amenazas no contaba ya con el apoyo del Pro.

“La intimidación –continúa el resumen escrito por la abogada- me hizo sentir tan enojada que me motivó a trabajar aún más fuerte. Estaba atemorizada también, pero sentí que no debía demostrarlo. Yo siempre me mostré, al menos públicamente, como muy segura de mi misma... Si mostraba miedo ellos sabrían cómo dominarme. Era un mecanismo de defensa.

“Entonces fui desaparecida y mantenida incomunicada ocho días por la policía. Querían que les entregara toda la evidencia en su contra. Había guardado el archivo muy bien, no en mi oficina ni en mi casa, ni donde vivían las víctimas, porque temía que la policía lo robara...

“Los agentes me dijeron que habían agarrado a miembros de mi familia, y me dieron sus nombres. Lo peor fue cuando dijeron que habían detenido a mi padre... Aunque me dieron toques eléctricos y me echaron agua mineral por la nariz, nada se comparaba con la tortura psicológica. Fue un mes de tortura. “

El testimonio al cual en 2003 dará prioridad la fiscalía especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, asegurará que el secuestro y la tortura no  existieron sino en la mente de Digna. Ella recordaría el suceso más de una década después, ante las organizaciones internacionales de derechos humanos, cuando le sobraban medallas que exhibir:

“Conseguí escapar de donde me tenían. Estuve escondida durante un mes después de eso, incapaz de comunicarme... no sabía qué hacer. Entonces entré en contacto con mi familia.”

Cuando la joven terminó en Yucatán, tras lo que ella aseguraba fue el escape de sus captores, amigos suyos de la universidad habían denunciado la desaparición y se movilizaban en su búsqueda. Fue entonces que llamó a su familia.

Su hermano Jesús tiene fresca la memoria de cómo fue a buscarla y de cómo fue el regreso:

-Me llevaron unos judiciales, que les comentamos aquí a la Procuraduría estatal... Estaba en un convento, no recuerdo cómo se llama... Los policías hasta ahí se habían portado a la altura. Ya una vez que pudimos hablar con Digna, aquella gente nos dio la seguridad para que se viniera, porque ella venía con temor.

“Saliendo del convento los policías asumieron una actitud áspera, ruda, llegando al extremo de traernos en la batea, a mi hermana y a mí, y había un sol quemante. Y mi hermana venía muy enojada, porque a ella la traían esposada, como una delincuente...

“En Tabasco, creo, nos quedamos a dormir, y nos metieron en una celda pequeña... Y Digna estaba furiosa, llorando, toda la noche se la pasó ahí.. Entrando ya al estado de Veracruz, no recuerdo el municipio ese, donde hay una gasolinera, ellos pararon a echar gasolina.”

En ese momento los dos se pusieron de acuerdo para encontrar la forma de llamar a Xalapa. Ella se quejó de hambre y Jesús avisó a los judiciales que iría a comprarle una torta.

-La verdad muy nervioso, que me voy al restaurante y les pedí el teléfono –continúa él su relato. -No me lo querían prestar, pero les dije de qué se trataba... Nos pudimos comunicar a Xalapa, no recuerdo con qué amistades fueron... y ya les avisamos dónde estábamos...

“En Coatzacoalcos había un retén y algo así como una pequeña cárcel de un metro y medio por metro, algo así. Y ahí metieron a Digna mientras ellos platicaban con los otros policías. Digna les gritaba, enojada, brava, furiosamente.

“De ahí ya nos venimos, todavía nos traen en la batea, y llegando por donde estaban las oficinas de Inmecafé aquí en Xalapa, había patrullas de lado y lado... Nosotros íbamos a llegar a la Procuraduría, había varios medios de comunicación, televisoras, y nuestros familiares.

“Pero no nos llevaron a allá. Nos llevaron al cuartel San José. Llegamos a las ocho, nueve de la noche, y ahí la bajaron inmediatamente... La bajaron como si fuera una delincuente. Y Digna iba enojadísima. La llevaron a los separos y yo quería hablar con ella, me la negaron totalmente...

“Me acuerdo que me alcancé a manifestar que yo tenía hambre, que dónde había unos tacos... Y de inmediato me voy no a la esquina, sino a agarrar taxi. Y de ahí vengo a la Procuraduría y ya les comento... Y todos se fueron al cuartel San José. La policía se molestó bastante.”

Al correr del tiempo Digna escribiría: “Al principio yo quería quedarme, porque sabía que podía reconocer a los policías que me detuvieron. Teníamos un archivo criminal completo. Pedimos los registros de la policía, seguros de que podíamos identificar a algunos de los agentes. Pero era tanta la presión... que decidí irme de Xalapa por un tiempo.”

“Así se los cargará su madre a todos”

Durante los años 1990 sistemáticamente los organismos internacionales hacían observaciones a nuestros gobiernos sobre el incremento de los ataques a los defensores de derechos humanos. Era parte de un panorama de impunidad generalizada:

“Son excepcionales los casos de abuso de derechos humanos que llegan a una sentencia de un juez –decía en 1996 un documento presentado por Amnistía Internacional. -Las propias autoridades han llegado a reconocer que funcionarios acusados de tortura y maltrato o alguna otra seria violación, son frecuentemente transferidos a una jurisdicción distinta.''

El acoso al Pro y a sus litigantes había iniciado en agosto de 1995, con llamadas telefónicas al en ese momento director del Centro, David Fernández, y a uno de los abogados, José Lavanderos. Como hemos visto, Fernández presumía que las amenazas eran producto de sus declaraciones sobre la formación de un nuevo sistema de seguridad nacional.

Entre septiembre y octubre del año siguiente, Digna, Pilar Noriega, Victor Brennes y otros dos abogados del Pro recibieron cinco anónimos “que fueron remitidos o colocados en el buzón y oficinas del Centro” (INFORME CITDH).

Estas amenazas parecían relacionadas con la defensa de los 33 detenidos en Yanga y Catalomacan, como presuntos zapatistas y presuntos responsables de la detonación de los artefactos que echaron abajo torres de electricidad en los estados de México y Veracruz. Y en particular con la de Javier Elorriaga Berdegué, su esposa, María Elisa Benavides Guevara, y Sebastián Entzin, acusados de terrorismo por pertenecer al EZLN.

Al año siguiente la Organización Mundial contra la Tortura publicaba el Informe sobre Graves Violaciones contra Defensores de Derechos Humanos 1997, y el padre Miguel Concha, director del Centro Vitoria, escribía:

“De las agresiones que con mayor frecuencia han sido sufridas por los defensores de Derechos Humanos de México en el Informe se mencionan las amenazas de muerte, contra sí mismos o contra sus familiares; la vigilancia o el seguimiento constante; registros de oficinas, destrucción de archivos y equipos de oficina; intervenciones telefónicas; allanamientos; campañas difamatorias y acusaciones; arrestos o detenciones arbitrarias; investigaciones policiales ilegales; interrogatorios, etcétera.”

La lista de organizaciones y personas que habían sufrido estas agresiones, era larga, y entre quienes se ponía a la cabeza estaban Digna y otros integrantes del Pro.

En 1999 la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Mary Robinson, visitaba el país confiando en “reforzar el trabajo de ONG”, con quienes se entrevistaba.

Para entonces Digna había sufrido el secuestro exprés y uno mucho más grave, en su casa, y al Pro habían llegado los tres “escritos anónimos que fueron remitidos o colocados en el buzón y oficinas” (CIDH), y que parecían ligados a los juicios de los campesinos ecologistas:

"Reverendo padre, aquí está tu sentencia de muerte". "El que sigue es otro hijo de puta. Así se los cargará su madre a todos". "A los que se creen los omnipotentes también se mueren."

Alguien advirtió la singularidad de este lenguaje que, por ejemplo, suplía el mexicanísimo “hijos de la chingada”, por “hijos de puta”. ¿De dónde salía? ¿Y no era una calca el que se había descubierto en la oficina, el día de la muerte de ella?

"Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño."

Yanga, Veracruz, 1995

La muerte de Digna había dirigido la atención hacia la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, ¿pero cómo olvidar, pues, esa constancia del hostigamiento?

Todo había comenzado cuando en 1995 el Pro y el despacho de José Lavanderos y Pilar Noriega tomaron la defensa de los supuestos integrantes del EZ aprendidos en el centro del país.

Digna se encontraba en los inicios de su carrera, sin embargo estaba preparada para una historia modélica del sistema de procuración de justicia en México. Comenzando por el procedimiento para aprehender a los seis primeros inculpados, en Yanga, Veracruz.

De modo de mal cubrir las formas, las autoridades desenterraron el expediente de un crimen sucedido años atrás en el estado. Uno de los presumibles autores permanecía cómodamente prófugo y su viejo domicilio servía de pretexto ahora. Así se produjo el allanamiento en un taller de plomería, sin importar que su número exterior fuera el 508 y el del inmueble aquél el 805.

Lo que vendría de inmediato era una copia de prácticas cotidianas, llevada a sus últimas consecuencias: 

-Apenas fui detenido... fui vendado y empezaron los golpes: golpes con la culata, con las palmas en los oídos, azotaban mi cabeza contra el piso de un carro donde nos amontonaron -declaró en su defensa xxxxxxx Sánchez Navarrete, dueño del taller. -Sufrí un simulacro de fusilamiento, con el cañón de un arma en la cabeza me decían que me iban a matar a la de a tres y sonaba el gatillo... el arma estaba descargada. Me pusieron bolsas de plástico en la cabeza, me amarraron un cable en el pescuezo, me asfixiaban. Como a todos, amenazaban con matarme y yo sí lo creía, sentía que me iba a morir.

“Luego escuchamos que habían recibido la orden de trasladarnos al aeropuerto de Veracruz. Arrastrados como un animal cualquiera, esposados, con los ojos vendados nos echaron a lo que supuse era un avión. Oía que estaban todos los compañeros. Ya en el vuelo amenazaron a Alvaro con tirarlo del avión; a los demás nos seguían diciendo que nos iban a matar.

“Yo escuché que entre ellos, los judiciales, decían que habían recibido orden de llevarnos al Campo Militar Número Uno. Estoy seguro que a donde nos trasladaron era un cuartel militar... eran otras voces, otra forma de actuar, aunque igual de violenta. En el interrogatorio me decían que yo era el experto en explosivos, que yo era el que conocía a Marcos. Me subieron a una plancha y me dieron toques eléctricos. Querían que les dijera dónde había más armas, dónde habían más casas de seguridad.

“Supongo que era ya el día siguiente cuando me subieron varias escaleras, todavía vendado. Oí nuevas voces, abogados, máquina de escribir. Siguieron los golpes y las amenazas. Finalmente me pusieron contra la pared y me quitaron la venda de los ojos. Firmé unos papeles que ni vi.''

Es del momento en que se asumió la defensa de éste y de los cinco presuntos zapatistas de Yanga, y de los que fueron hechos presos en Catalomacán, estado de México, hasta completar 33 personas, incluidos cuatro menores de edad, de donde vienen los episodios de Digna que sus compañeros gustan recordar:

-Cuando fueron detenidos... fue herido uno de ellos –dice Lamberto González. -Fue hospitalizado con heridas graves, y ante el temor de que fuera desaparecido, Digna estuvo haciendo guardia en el hospital, día y noche.

-En una ocasión estaba José Lavanderos interrogando a unos de la policía municipal, en Toluca, y Digna estaba ahí entre ellos  según ella para que no los estuviera preparando el abogado –ahora es Pilar Noriega quien habla-. Se sentó entre ellos y los siguió incluso hasta el baño.

Eran actos que correspondían a la lógica de una exhibición de poder que podía atreverse a cualquier cosa. Como de hecho sucedió con los asegurados en Yanga. En el momento final, el equipo de abogados defensores sabía que “la única prueba que le quedaba al juez eran las propias declaraciones autoinculpatorias de los detenidos”.

Por ello deberían ser anuladas al comprobarse la tortura y la orden ilegal de cateo, reconocidas por el juez. Sin embargo resultaron la base de la sentencia a 13 años de prisión a los seis acusados, y de que uno de los menores de edad continuara su aprendizaje sobre el país de los desamparados, en uno de los que eufemísticamente se conocen como Consejos Tutelares..

¿Exageraba, pues, Digna en sus desplantes?

El tercer pecado

Pocas veces alguien reúne tantos tipos de ofensas al poder, como Digna Ochoa, tres veces culpable: de ser defensora de derechos humanos, de ser de origen popular y de ser mujer.

Rafael Álvarez, su compañero en una provechosa época del Pro, tiene muy claro el comportamiento discriminatorio del sistema de justicia hacia las abogadas de su oficio:

-En los distintos juzgados a los que fui con ella, trataban de intimidarla, pero no podían. Entonces se volvían agresivos. Y ni así…

Adriana Carmona se sabe la película de memoria.

-Sobre todo en un pueblo chico, que es a donde más tenemos que ir… Entras como que es un clima de: A ver ésta que quiere.... LA PRIMERA FRASE ES: Usted no puede pasar, detrás de las barandillas… Y te ponen todos los obstáculos... desde que no te prestan el expediente...

-Sin ofender –dice Bárbara Zamora-, yo creo que las mujeres somos más valerosas en determinadas situaciones, que los hombres. Los hombres prefieren conciliar o desentenderse de alguna situación difícil, y las mujeres, al menos el caso de la abogada Digna y de otras compañeras abogadas y el mío, optamos por enfrentar el problema y no evadirlo.

-En una visita que yo tenía que hacer al Reclusorio Norte -recuerda Rafael-, los guardias de la puerta no la dejaban pasar, porque decían que su vestido era azul, cuando era gris. Pero nos decían que era azul, porque era un color prohibido.

“Y entonces ella decía: ¿Y el blanco sí está permitido?. Si, le contestaban. Y ella: Bueno, yo vengo de fondo blanco. Me voy a quitar el vestido, y cuando se lo estaba quitando le dijeron: Pase, pase.

-Cuando íbamos con ellas -con Digna y con Pilar, reconoce Lamberto González-sabíamos que iba a haber trabajo y más trabajo… Y en especial con Digna, uno de varón, yo tengo que confesarlo, me sentía llevado más allá de donde normalmente iba.

Para Carlos Monsivaís no hay misterio en esta historia:

-La mayor parte de esta promoción (generacional) que está muy centrada en los derechos humanos, pero también en una reflexión constante acerca de sus deberes religiosos para con los demás, son mujeres. Y esto no es de sorprender.

“Cuando uno ve la emergencia de las mujeres en las colonias populares en América Latina, en todos los movimientos sociales, no tienen la dirección, porque esa sí se la reserva por lo común el machismo... tienen la decisión de al mismo tiempo subsanar con su conducta el postergamiento del género.

“Ellas actúan feminístamente y demuestran femístamente, su capacidad y la capacidad de quienes son como ellas frente a un medio que ha dado siempre por considerar que el papel de las mujeres es absolutamente secundario o auxuliar.

“Digna Ochoa en este sentido también tenía esa otra poderosa motivación: demostrar la enorme injusticia que se ha cometido históricamente con un género, y el de actuar en consecuencia.”

-Sí, sin duda –dice el padre Miguel Concha-, en esto de los derechos humanos son las mujeres las más entregadas, constantes, valientes…

La investigación

A menos de dos meses de la muerte de Digna, el 12 de diciembre, el procurador capitalino, Bernardo Batiz, relevaba del caso al Lic. Arceo. De acuerdo a  éste, el motivo no era la duda sobre la forma en que había conducido el trabajo:

-En algún momento la labor del equipo, sus modos, la manera de actuar, causó alguna preocupación del Centro Agustín Pro. A ellos les pareció que estaban actuando con un poco de rudeza, quizá, o que estaban llevando a cabo diligencias innecesarias, en fin. Y así lo manifestaron...

 “Presumo que esa fue la base de que un momento el Señor Procurador tomara la determinación de cambiar al grupo.”

La responsabilidad quedaba ahora por entero en el Lic. Renato Sales, el otro subprocurador que había estado colaborando en la investigación. Así el primer equipo, incluidos cuando menos algunos peritos, era suplido por uno nuevo.

En febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó al doctor Pedro Díaz Romero como consultor del organismo “para conocer, evaluar y formular recomendaciones pertinentes sobre la investigación que adelanta la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”.

Un mes más tarde el Dr Diaz presentó su informe, que señalaba ya una gran cantidad de irregularidades. La primera se refería a la errónea colocación del cuerpo para el examen médico forense, de la que hemos hablado, y que en principio condujo a un equivocado establecimiento de la trayectoria de la bala en el muslo.

Otro de los aspectos que destacaba el consultor, era el que se hubieran  efectuado una serie de pruebas “sin relación aparente o explicable con los hechos”. Ello parecía revelar “la ausencia de un planteamiento para la averiguación”. Algo similar encontraba en la toma de declaraciones, que “fueron inconsistentes, inconducentes y genéricas” y no tocaban “aspectos substanciales como la precisión de fechas, épocas, lugares o descripciones morfológicas que pasaron inadvertidas por los investigadores”.

Más graves aún resultaban, a su entender, las interpretaciones que establecían una mecánica de los hechos, y “que pueden llevar a confusión con otras pruebas” practicadas por los miembros del segundo equipo a partir de los “datos y elementos” que se recabaron inicialmente.

El representante de la CIDH recogía a la vez la solicitud del Pro y de la familia de Digna, para contar con la opinión independiente de un experto criminalista que revisara los exámenes realizados. Y proponía que se buscaran candidatos “preferentemente extranjeros y ajenos a las instituciones oficiales o privadas mexicanas”.

Una cosa más llamaba la atención de forma extraordinaria: que a casi seis meses de los hechos, el expediente no contuviera registro sobre algo tan primario como “cuáles fueron las actividades de Digna en la semana que antecedió a su muerte”.

Hasta donde los documentos oficiales mostraban, no se había investigado “qué sitios frecuentó, con quién se reunió o se comunicó, que trabajos de tipo intelectual desarrolló, de acuerdo a lo encontrado en su computador y su escritorio”.

No se establecía siquiera “si pernoctó en su departamento del 15 al 19 de octubre”, ni los números de teléfono a los cuales pudo haberse comunicado, desde el aparato de la oficina o desde su celular.

Tampoco se mencionaba un punto cuya omisión era absolutamente imperdonable: “con qué personas se reuniría ese día en el despacho”. Entre ellas, las de las dos citas que según aseguraba su novio, Juan José Vera, la noche anterior ella le había dicho que tenía concertadas para ese día.

El informe recomendaba además, reunir mayores datos acerca de este hombre, Juan José: “sus actividades desde años atrás, su círculo social y profesional, intereses, etc.” Para el doctor Díaz el tema no era secundario, porque “aún la investigación no muestra si esta persona pudo llegar a jugar algún papel en los hechos”.